Nadie en su sano juicio puede negar que la consecuencia más funesta del fallido desalojo, han sido las víctimas mortales.  Sin embargo, para que hechos como éste no se repitan es necesario identificar causas, errores, delitos y responsables.
Comencemos interrogándonos: ¿era necesario reordenar el mercado modelo? La respuesta es afirmativa. En ese centro de abasto prima el caos y la anarquía, y  esta ha sido una bomba de tiempo que los anteriores alcaldes no se atrevieron a enfrentar. Luego. ¿El diálogo fue el más adecuado? Pienso que no. ¿Cuál de las partes no jugó limpio? Creo  que ambas. La alcaldesa por tratar de imponer unilateralmente la reubicación, y los comerciantes por jugar a ganar tiempo para armarse.

Sigamos analizando. ¿La autoridad actuó de  forma correcta? Los muertos y el vandalismo consecuentes demuestran que hubo improvisación y apresuramiento. Enfaticemos este punto que es bastante esclarecedor. La decisión de desalojar a los comerciantes fue tomada muchos días atrás. Se contó entonces con el tiempo suficiente para diseñar e implementar un plan estratégico para resolver el problema. Sin embargo, se minimizó la capacidad de los comerciantes para defenderse, incluso contratando a pandilleros y matones como fuerzas de choque, y aquí llegamos a una grave (por ahora presunta) responsabilidad de los dirigentes en dicha contratación. 

¿Qué pasó con la inteligencia policial? ¿Por qué no se infiltraron agentes para conocer a cuantos sujetos se iba a enfrentar y con qué armas contaban? ¿Se solicitó a tiempo la cantidad suficiente de bombas lacrimógenas, balas de goma y de contingentes de refuerzo para planear y ejecutar un desalojo exitoso? ¿Durante la marcha, se destacó la cantidad suficiente de efectivos especializados en disturbios y se les dotó de suficientes gases lacrimógenos? ¿Quién dio la orden de disparar al cuerpo?  Estas responsabilidades de alto nivel tienen que ser identificadas y sancionadas por la autoridad judicial respectiva. Asimismo, los autores directos de las muertes y del vandalismo deben ser denunciados y  que les caiga todo el peso de la ley.

De no ser así, se creará el nefasto precedente. De aquí en adelante quien no quiera cumplir la ley hará retroceder a la autoridad por medio de matones. Para ir concluyendo  propongo una reflexión de fondo. En Piura, como en muchas ciudades - duele decirlo - el hampa y la violencia ganan terreno peligrosamente. Justificar sus delitos so pretexto de la miseria económica es una falacia, pues aquí y en cualquier lugar del mundo, pobreza no es sinónimo de delincuencia. Miles de mujeres y hombres  de precaria situación que trabajan muy duro para alimentar y educar a sus hijos dan testimonio de que cuando se tienen convicciones y valores bien afincados no hay nada que impida realizarse dignamente.